15 octubre, 2009

La represion en Granada en los meses posteriores al golpe de estado de 1936

Ahi va la segunda entrega sobre otros de los hechos históricos que pretendo narar en mi novela.

Mi tío-abuelo Francisco Álvarez López fue detenido a los pocos días del golpe de estado. Como todas las mañanas, fue caminado con unos amigos desde su casa en el pueblo de Churriana de la Vega hasta Granada, donde trabajaba como tornero en un taller mecánico. Era un hombre apuesto, al que le gustaba vestir bien, por lo que acostumbraba a ir elegantemente vestido hasta Granada y en unos lavabos del centro de la ciudad, cambiaba sus ropas por el modesto mono de trabajo. Esa mañana sin embargo no lo hizo y cuando lo detuvieron, encontraron entre su documentación su carnet de las juventudes socialistas.

Parece que ese fue el motivo por el que ingresó en prisión. Lo cierto es que antes de la guerra se había distinguido por su apoyo a los más débiles. Así, durante una huelga de los jornaleros que reclamaban mejores condiciones de trabajo y, ante la presión de los caciques del pueblo, que utilizaban el hambre de sus familias para acabar con la misma, mi tío Paco hizo repartir pan a los jornaleros que había en la plaza. Eso lo destacó como enemigo en un pueblo tan reaccionario como el que vivía. Francisco Álvarez también compartía nombre y apellido con el alcalde republicano de su pueblo. Más tarde también compartió su destino.


Mientras estuvo detenido, salió varias veces de la cárcel con un pelotón de trabajadores forzosos. En una de las salidas, mi tío-abuelo Salvador Enguix (que más tarde sería teniente del ejército republicano y caería herido en la batalla de Teruel, siendo apresado y recluido en un campo de concentración mientras la república lo daba por muerto), le propuso escaparse con él a Valencia. Ese día guardaba el pelotón un militar que era familia lejana y que durante todo el rato miraba hacia otro lado, invitando a la huida. Paco se negó a escapar porque no había cometido ningún delito y no creía temer por su vida.

Para entender mejor su historia es bueno conocer el entorno político y jurídico del momento. Tras el triunfo del golpe de estado el 20 de Julio de 1.936, la ciudad de Granada quedó aislada del resto del territorio nacional. Inmediatamente se puso en marcha de forma sistemática el uso del terror como arma de guerra y se detuvieron a miles de personas. El clima de violencia social que se venía desarrollando en los años previos a la guerra y el miedo a que las milicias obreras y campesinas retomasen la ciudad, originaron el inicio de los asesinatos masivos entre la población detenida en la cárcel. En la mente de las autoridades que formaban el aparato represor existió un elemento común: la aniquilación física de todas las personas con ideologías y principios diferentes a los sublevados.

El procedimiento más generalizado fueron las “sacas” de presos y su ajusticiamiento en los paredones del cementerio. Existieron para tal fin listas confeccionadas en el gobierno civil, pero también actuaron con total impunidad grupos de incontrolados o “escuadras de la muerte”. El saldo aproximado de esta barbarie fue de 10.000 asesinatos. Muchos de ellos fueron obreros y campesinos, militantes de base de sindicatos y partidos que se habían significado en la lucha por las conquistas sociales durante los años anteriores.

Pese a que el nuevo régimen convirtió desde el primer momento el catolicismo como el estandarte de la cruzada, comparando su victoria con la Toma de Granada por los Reyes católicos en 1.942 y organizando procesiones y misas multitudinarias sin descanso, la brutal represión motivó incluso las protestas del Arzobispo de Granada, Agustín Parrado, hacia el gobernador militar de Granada, el falangista Valdés Guzmán.

Los sublevados cambiaron el orden jurídico a su antojo hasta llegar al surrealismo. De entrada en sus bandos militares establecían una inversión perversa juzgando como rebeles a los que defendían el orden constitucional establecido. Hasta ese momento ningún civil podía ser juzgado por un tribunal militar, a partir de entonces cualquier persona podía ser sometida a un procedimiento militar. Así el 27 de Agosto de 1936 se publicó el Decreto nº 64 donde se ratificaba la preeminencia de la justicia militar sobre la ordinaria y se determinaba en la práctica se abrieran expedientes con largas listas de sospechosos y denuncias.

Llegaron incluso a realizar la mayor aberración jurídica posible: la retroactividad de las leyes. Es decir, podían juzgar con las nuevas leyes, los hechos ocurridos antes de la publicación de las mismas. El decreto 108 de 13 de Septiembre de 1.936 declaraba “fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en fecha 16 de febrero del corriente año han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional”. A partir de ese momento, la simple pertenecía a un partido o a un sindicato podía conllevar la acusación de asociación ilícita y la apertura de un consejo.

Mi bisabuela Antonia buscando la forma de excarcelar a su hijo, consiguió que otras personas leales al nuevo régimen firmaran un documento certificando que Francisco no había cometido ningún delito. En la última visita le pidió a su madre que le llevara para comer cocido de col. El documento y la comida llegaron tarde: a las 6 de la mañana del día 22 de Octubre de 1.936 fue fusilado en las tapias del cementerio de Granada junto con otras 80 personas. Había nacido el 25 de octubre de 1.915. Le faltaban 3 días para cumplir 21 años. Su partida de defunción establece como causa de la muerte un escueto y frío “por arma de fuego”.


Esta información ha sido publicada el 26 de noiembre de 2.009 en la web http://www.todoslosnombres.org/ una web cuyo objetivo es dignificar la memoria histórica de miles de andaluces y que recomiendo su visita.

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